En Málaga, donde hay, según la Consejería de Obras
Públicas, 115.000 viviendas compradas y cerradas, se
pretenden construir más de 600.000 viviendas, y siendo
la provincia con más campos de golf de España, se
promueven en este momento 70 nuevos, en medio de un
clima árido y de un importante periodo de sequía. Por
promoverse se impulsa hasta un segundo aeropuerto en
la vega de Antequera, ligado a una importante
operación especuladora, recalificándose 11 millones de
m2 de tierras fértiles para su urbanización, se sigue
apoyando el transporte privado con el proyecto de una
autopista de peaje desde las Pedrizas a Torremolinos,
se construye una circuito de alta velocidad y
urbanizaciones en la reserva de la biosfera en Ronda,
etc...

El caos urbanístico existente es a todas luces
insostenible. Esta situación está promovida por
grandes grupos inmobiliarios, con una inyección
económica que en gran parte, y al parecer, proviene de
paraísos fiscales que permiten el blanqueo dinero y
facilitan la labor de las mafias. En los últimos 15
años se ha ocupado dos veces más territorio con
urbanizaciones que en toda la historia del género
humano sobre esta provincia.

Todas estas operaciones están contando con el
beneplácito de las administraciones locales y con la
inhibición de la Junta de Andalucía a la hora de
ejercer sus competencias urbanísticas. Los cargos
públicos no están defendiendo el interés general,
sino que operan como meros controladores de la opinión
pública y trabajan para desactivar los controles
legales y administrativos que pueden rechazar los
proyectos urbanizadores, existen además fuertes
sospechas de que los proyectos urbanísticos y las
infraestructuras que conllevan son utilizados para la
financiación de los partidos políticos, una
financiación que no necesariamente se limita a un
nivel local.

RADETE saluda y apoya la decisión del poder judicial
de intervenir el Ayuntamiento de Marbella y le anima y
muestra públicamente su apoyo para que siga su
actividad investigadora con otras corporaciones
locales donde hay propuestas o se desarrollan
proyectos multimillonarios que atentan contra nuestras
señas de identidad, la calidad de vida, los recursos
naturales, y podrían ser verdaderas maquinas de
blanqueo de dinero.

Necesitamos una nueva cultura del territorio y que
ésta sea asumida por la Junta de Andalucía y las
corporaciones locales, que pare la mayor agresión
sufrida por nuestro territorio y frene el principal
factor de descrédito político de los ayuntamientos y
del gobierno andaluz.
 

                           
Portavoz  Juan Calvente
                           
Tel: 650 85 13 11